Un juez está siendo juzgado por creer estar haciendo lo que debía, ya que era perteneciente al juzgado de familia y como tal, encargado de salvaguardar el bien del menor del que era responsable en su dictamen.
Por ello se enfrenta a una pena de nueve meses de prisión y 18 años de inhabilitación acusado de un delito de prevaricación por retardar –supuestamente- el expediente de una mujer que quería conseguir la adopción de la hija biológica de su compañera sentimental.
La acusación, como no, dice que la actuación del juez es debida a una animadversión hacia la homosexualidad de la adoptante y su pareja.
Calamita, el juez acusado, ha manifestado que según algunos informes, las adopciones entre personas del mismo sexo convierte a los niños en "cobayas humanas", aunque este tipo de informes son contradictorios y "unos dicen que sí y otros dicen que no".
'Una cosa es lo que dice la ley y otra mi opinión', ha manifestado el magistrado
Obviamente ante la duda, no se puede tomar la vía de arriesgar la salud y bienestar del menor ante el capricho de los adultos. Cree la que escribe.
El magistrado añadió que "lo que yo quería era un informe documentado en el que se hablara de la repercusión de la adopción en la menor". "Yo, como juez de Familia, tenía que velar por la niña", manifestó alegando que su obligación era el interés de la menor.
Para el juez de Familia de Murcia, "nadie tiene derecho a adoptar, sea del sexo que sea; es el adoptado el que tiene derecho a serlo".
Ante esta última afirmación, quienes se encontraban en la sala rompieron en aplausos, a lo que el presidente del Tribunal mando callar bajo amenaza de desalojo de la sala si volvían a repetirse esas manifestaciones.
En ningún momento se ha retractado de su actuación en el caso por el que se le acusa.
El Ministerio Fiscal, pide que se imponga al acusado una pena de multa de nueve meses de prisión con cuota diaria de tres euros e inhabilitación especial el desempeño de funciones jurisdiccionales por 18 años, así mismo considera que el acusado, y subsidiariamente el Estado, deberán indemnizar a la querellante en la cantidad de 18.000 euros por daños morales.
El juicio continuará mañana con la declaración como testigo la mujer que solicitó la adopción. También comparecerá su compañera sentimental y madre biológica de la pequeña.
Que rentable puede llegar a ser la moral de algunas personas, y que raro… siempre pensé que era imposible que hubiera dinero capaz de restituir una moral herida de verdad…
Por ello se enfrenta a una pena de nueve meses de prisión y 18 años de inhabilitación acusado de un delito de prevaricación por retardar –supuestamente- el expediente de una mujer que quería conseguir la adopción de la hija biológica de su compañera sentimental.
La acusación, como no, dice que la actuación del juez es debida a una animadversión hacia la homosexualidad de la adoptante y su pareja.
Calamita, el juez acusado, ha manifestado que según algunos informes, las adopciones entre personas del mismo sexo convierte a los niños en "cobayas humanas", aunque este tipo de informes son contradictorios y "unos dicen que sí y otros dicen que no".
'Una cosa es lo que dice la ley y otra mi opinión', ha manifestado el magistrado
Obviamente ante la duda, no se puede tomar la vía de arriesgar la salud y bienestar del menor ante el capricho de los adultos. Cree la que escribe.
El magistrado añadió que "lo que yo quería era un informe documentado en el que se hablara de la repercusión de la adopción en la menor". "Yo, como juez de Familia, tenía que velar por la niña", manifestó alegando que su obligación era el interés de la menor.
Para el juez de Familia de Murcia, "nadie tiene derecho a adoptar, sea del sexo que sea; es el adoptado el que tiene derecho a serlo".
Ante esta última afirmación, quienes se encontraban en la sala rompieron en aplausos, a lo que el presidente del Tribunal mando callar bajo amenaza de desalojo de la sala si volvían a repetirse esas manifestaciones.
En ningún momento se ha retractado de su actuación en el caso por el que se le acusa.
El Ministerio Fiscal, pide que se imponga al acusado una pena de multa de nueve meses de prisión con cuota diaria de tres euros e inhabilitación especial el desempeño de funciones jurisdiccionales por 18 años, así mismo considera que el acusado, y subsidiariamente el Estado, deberán indemnizar a la querellante en la cantidad de 18.000 euros por daños morales.
El juicio continuará mañana con la declaración como testigo la mujer que solicitó la adopción. También comparecerá su compañera sentimental y madre biológica de la pequeña.
Que rentable puede llegar a ser la moral de algunas personas, y que raro… siempre pensé que era imposible que hubiera dinero capaz de restituir una moral herida de verdad…
El magistrado acusado de no ejecutar una sentencia de condena al pederasta Santiago del Valle solo tiene a abonar 1500 euros.
Hay quien tiene miedo de seguir el dictamen de su corazón y conciencia, los hay que que no.
Hay quien tiene miedo de seguir el dictamen de su corazón y conciencia, los hay que que no.
C.P
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