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sábado, 4 de abril de 2009

770 personas en Baleares acaban falleciendo mientras esperan una ayuda para la Dependencia.

A pesar de que la ley de Dependencia entro en vigor el 1 de enero del 2007, sigue sin hacerse uso real de ésta. Precariamente da asistencia unos pocos y los tiempos a parte de defiendes se demoran en exceso. La falta de recursos económicos es la constante respuesta que da el sistema de la Red Social existente.
La larga tramitación a través de diferentes organismos, el incumplimiento de los plazos establecidos caracteriza a esta norma como una pantomima social.

Esta “ley” fue uno de los principales reclamos electorales del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, un "gran proyecto social" en palabras del líder socialista que ya nos ha acostumbra a lucir su socialismo tan solo por televisión y no en la acción.

Solo en Baleares los dos primeros años de “aplicación” de esta ley da como fruto una lista de 768 personas que habían pedido prestaciones y que fallecieron en el transcurso de su tramitación, sin haber siquiera sido estudiado el caso.

El Govern archivó sus expedientes tras haber acreditado la defunción de todas estas personas, "antes de que se hubiera llevado a cabo la valoración de su situación de dependencia", algo que se recoge en la resolución publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) del pasado 25 de diciembre.

"Hubo una avalancha de solicitudes ya que esta ley había creado unas expectativas irreales y las más afectadas por los retrasos fueron las primeras peticiones", explica la consellera de Asuntos Sociales, Fina Santiago.

El proceso en la concesión de ayudas se demora más de un año.

"Desde un principio hemos dicho que necesitábamos 18 meses para poder dotar a esta ley de una estructura y ahora ya estamos respetando los plazos. Entre septiembre de 2007 y marzo de 2009 hemos valorado unas 15.000 solicitudes de las 16.700 recibidas, a razón de 900 valoraciones mensuales", dice Santiago, dirigente de Esquerra Unida.

"Tanto Baleares como Madrid y Valencia tienen un nivel bajo de ejecución porque son regiones en las que el PP hizo un boicot a la ley", asegura la consellera.

El PP, a su vez culpa de los problemas en la aplicación de la Ley de Dependencia a las prisas del Gobierno de Zapatero por sacar adelante la normativa con vistas a las elecciones de 2007.

El uno por otro la casa sin barrer, o nuestros mayores sin atender, eso es esta democracia.
C.P

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